jueves, 10 de enero de 2019

1690 (J 10/1/19) Moi, la Loi c'est moi

El Estado soy yo, que dijo Luis XIV. Como en los tiempos que corren la Ley se antepone a cualquier otro valor institucional, hagamos las leyes que hagan falta para servir a nuestros intereses y podremos pregonar que nuestras actuaciones están todas amparadas por la legalidad. Así el PP derogó la normativa de Zapatero que obligaba a la televisión a ser imparcial (fue lo primero que hizo, las ganas que tenían…, puf!) o legisló acortando plazos a los procesos penales para librar de estos menesteres a los cientos de casos de corrupción en los que estaban imputados altos miembros del PP. Esto ya era suficiente para mandar al carajo a esta gentuza, pero no: un impresentable Catalá, por entonces ministro de Justicia, explicaba esta aberración con la hipócrita excusa de que “una justicia tardía es injusticia”. No ha habido ninguna actuación del PP, ninguna en absoluto, que no fuera en contra de los ciudadanos; todas, absolutamente todas, han tenido como mira y objetivo el interés electoral de esta mierda de partido.
Traigo esto a colación por llegar a 58 (cincuenta y ocho, vale? 58, cincuenta y ocho) las veces que el PP ha zancadilleado la iniciativa de otros partidos para modificar el art. 324 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que el PP cambió antes a su antojo con el fin de reducir los plazos judiciales de instrucciones penales a seis meses (6 meses), para evitar que los procesos abiertos a más de 900 políticos de este partido pudieran sustanciarse ya que necesitaban como mínimo dos o tres años si se quería garantizar los derechos de los procesados como tiene que hacerlo cualquier juez.
      Este es un caso más, de tantos, donde se muestra el descaro y desparpajo de un gobierno que, aparentando cumplir las leyes, las acomodaba impúdicamente a sus bastardos intereses.
      El presuntamente corrupto y corruptor señor Zaplana solicita ser excarcelado para que puedan tratarle la diabetes, a lo que se ha negado la jueza. El PP califica de inhumana esta decisión cuando el articulado penal, que considera como único motivo válido de excarcelación la enfermedad del presidiario si está en “fase terminal”, fue precisamente impuesto por el PP para evitar este beneficio a otros procesados que no fueran de este partido!
     ¿Os acordáis de mi diatriba contra las modificaciones penales por motivos viscerales (y fines electorales) que publiqué en la entrada 1676 Justicia? o Venganza? de fecha 26/12/2018? Pues ahora, tras estos nuevos comentarios, espero que pueda entenderse todavía mejor. Puros oportunismos. No se puede manipular las leyes, y mucho menos las penales, dejándose llevar en cada caso por la justificada ira de la familia de la víctima (y mucho menos por intereses bastardos, inconfesables o personales) como ha ocurrido en el caso de la “prisión permanente revisable” que se sacó de la manga el infumable Catalá.
      Y cuando se trata de cambiar las reglas de juego a mitad de la partida, ya es que ni te cuento.
      Bueno, pues todo esto es lo que nos esperaría ver y seguir profundizando si tuviéramos la desgracia de tener de nuevo al PP en el gobierno. Porque estos nuevos cachorros se aprestan a lo peor, y encima chuleando.

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