La Abogacía del Estado se apoya en 8 periodistas para impugnar la causa del fiscal general, García Ortiz. Simples recortes de prensa han servido, ante algunos jueces, como éste, Hurtado, para procesar a los que no nos caen bien por su ideología. Aberración procesal inadmisible. Y sin embargo artículos de prensa bien documentados, con pruebas complementarias, no son admitidos a trámite... porque al sr. Juez no le da la gana, así, sin más. Porque podrían exonerar de toda culpa al injustamente procesado. Sólo con estos datos ¿quién puede dudar de lo que puede esperarse de un tribunal como éste?
Hasta la ecuánime jueza jubilada, exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
se atreve a expresarse en este tema en una entrevista con Berna González
Harbour: “La justicia está hoy politizada? Sí, yo creo que sí. Por el afán de
defender cada uno a los suyos, de ver con las gafas de los suyos”.
Éstos, o tantos otros que a mi juicio prevaricaron, como los magistrados
que expulsaron al juez Garzón por investigar honradamente al PP en el caso Gürtel,
o el el caso del juez Peinado (otro afín al PP) empeñado en encontrar motivos para
imputar a la mujer del Presidente del Gobierno como fuera; o aquellos
dispuestos a proteger a los machistas cuando las mujeres acosadas “provocan” vistiendo
minifalda; todos estos casos, y más, ensucian la imagen de honradez, capacidad
y profesionalidad que se supone en los jueces, y que brilla por su ausencia en
tantos que, oh casualidad! son afines al PP. Lo que demuestra que el franquismo
sigue penosamente latente en la judicatura.
Otra desviación de lo correcto está en el énfasis con el que los
beneficiados por la sentencia proclaman como “justicia!” lo que realmente es venganza. Antes
se aceptaba que vengarse era irrefrenable, fruto de las bajas pasiones y, en
suma, irracional. Pero sabíamos que era ilegítimo, una inmoralidad que, aunque
fuera explicable, era injustificable.
Pero este punto de la venganza merece tratamiento aparte, vide entrada 2021 del 7/11/2021 (dos últimos párrafos), y antes la 843 del 23/10/2013 y aún
más atrás la 528.1 del 8/12/2012.
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