1569 (J 19/4/18) Modificaciones presupuestarias

El gasto en I+D no superó el 30% de la cantidad presupuestada en 1917, reza la noticia. Y en 2016 también se gastó sólo 1/3. Ya en 2015 se había gastado sólo el 50%. Y como ésta muchas otras similares con frecuencia. Más de uno aplaudirá el buen hacer de este Gobierno. Pero yo me pregunto: a dónde ha ido el 70% restante en 2017 y 2016?

     Vamos a ver. El primer control de la actividad del Ejecutivo que el Parlamento puede ejercer es el presupuesto, limitando los importes a gastar por el Gobierno en cada partida presupuestaria. No puede gastarse más, pero tampoco debería gastarse menos. Gastando menos se incumple el mandato de realizar unos gastos en servicios o inversiones que fueron aprobados en el presupuesto original. Lo cual fue un compromiso con los ciudadanos en el momento en que se aprobaron los presupuestos.

      Otro control, pues, cualitativamente superior que la aprobación del presupuesto es el seguimiento de su aplicación. Algo que mucho me temo que no se practica debidamente. El “ahorro” del 70% no gastado no es tal ahorro sino incumplimiento, por incompetencia o por mala fe, de unas obligaciones y servicios comprometidos al aprobarse el presupuesto al comienzo del ejercicio. El ahorro es una práctica saludable en la economía privada que no tiene cabida, ni sentido, en la economía pública.

      Y cómo es que se llega a un cumplimiento de los gastos distinto del presupuestado (aprobado, comprometido)? Pues muy sencillo. Y muy practicado. Mediante las múltiples modificaciones presupuestarias cambiando los importes de unas partidas a otras. Previa aprobación parlamentaria en cada caso, eso sí, pues de otro modo constituirían un delito de “malversación de fondos” (uso del dinero para fines distintos de los presupuestados). Las modificaciones son continuas y discrecionales a lo largo del ejercicio y de nuevo, repito, me temo que no se le presta la debida atención por la oposición en el Parlamento.

      Mediante las modificaciones presupuestarias el Gobierno puede presentar una fachada de gastos, cara a Bruselas, cara a los ciudadanos, y luego un gasto real acorde con su ideología que no tenga nada que ver con lo presupuestado. Con el presupuesto prometen lo que los demás quieren oír, pero con sus modificaciones terminan gastándose donde le interesa al Gobierno pero no a los ciudadanos.

       Los “ahorros” pueden destinarse a la reducción de la Deuda pública pero ello no es encomiable si se hace a costa de incumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos en los presupuestos originalmente aprobados. Con las modificaciones presupuestarias, que no niego que puedan ser razonables y necesarias, el Gobierno practica otra forma de mentir. Y ya sabemos que mienten más que hablan.

       Así que diputados, menos retórica electoralista y más atención a las modificaciones presupuestarias y al seguimiento de la aplicación del presupuesto, que es donde de verdad se practica la política.
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Addendum: Otro punto crucial en el control de la aplicación del presupuesto es la discutida “fiscalización previa”. Con ella se evita en gran parte el mal uso de los fondos públicos. Para librarse de este eficaz control los políticos, en tensión permanente con las Intervenciones, inventaron las empresas públicas y la externalización de los servicios con “fiscalización a posteriori” cuando el gasto ha sido hecho y ya no tiene remedio. El papel de la Intervención entonces queda relegado no a controlar el gasto sino a revestir el santo (el expediente). Es con esta práctica que se ha disparado la malversación de los fondos públicos. Y no otro ha sido el motivo de que el fiasco de los ERES andaluces haya sido posible. Lo cual no podría haber ocurrido si se hubiera aplicado la "fiscalización previa". Pero este espacio no da para tanto. Ya hablaremos de eso en otro rato.