1351 (X 28/12/16) Yo lo llamé genocidio

Con fecha 23 de septiembre pasado, entrada 1264 de este blog “Política genocida”, calificamos como tal “a la política económica liberal europea” y en especial a la aplicada por el gobierno en España del PP. Releed:

    Nos aplican “una política económica inflexible a favor de la banca alemana aunque ello conlleve la muerte de miles de ciudadanos. Lo de la muerte de miles de ciudadanos (genocidio) no lo he dicho en sentido figurado: son muertes reales, por recortes en gastos sanitarios (el caso de la hepatitis C en España, valga un ejemplo, ha sido sangrante: 11 muertos diarios durante los 6 meses que tardaron en distribuir el medicamento necesario, 2.000 fallecidos), por falta de asistencia a dependientes, por demoras en las listas de espera en las citas médicas provocadas por los recortes sanitarios… etc.. Y si la política era genocida (lo es, lo sigue siendo, Rajoy persiste en mantenerla si gobierna), en ese caso los que la aplican son a su vez genocidas. O no? Hay muchas maneras de matar. Aunque los de guante blanco no quieren que les salpique.”

     (Los afectados son todos aquellos que, por falta de recursos, no podían sufragarse los fuertes gastos de este tratamiento. Los que podían pagárselo pudieron continuar con vida, dada la eficacia del mismo.)

    Pues bien, parece que por fin los tribunales han reaccionado. La noticia dice así: Dos altos cargos del gobierno gallego de Feijóo serán imputados por homicidio imprudente por las demoras que sufrieron los enfermos de hepatitis C para recibir sus tratamientos entre 2014 y 2015. Félix Rubial y Carolina Gómez-Criado son el presidente y la vicepresidenta de la CACFT (Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica) que da, o deniega, el visto bueno a los hospitales para dispensar estos costosos y eficaces tratamientos contra la hepatitis C. Los afectados clamaron a gritos en el Parlamento gallego contra la Xunta, a comienzos del año 2015, llamando (con toda la razón) “asesinos” a los diputados del PP que rechazaron la propuesta de la oposición de que fueran “criterios médicos y no los de techo de gasto” los que decidieran la dispensa de los fármacos. En diciembre de 2015 la fiscalía denunció en el juzgado de guardia de Santiago a los dos altos cargos como responsables penales, atribuyéndoles delitos de homicidio por imprudencia profesional grave. Pocos son los imputados, pero bueno está para empezar. Esperemos que se amplíe en breve tiempo.

  Porque no son sólo estos dos cargos los que deben apechugar con su responsabilidad por estos homicidios, sino también la Consejería de Sanidad y el Presidente de la Xunta, dada la gravedad de los cargos. Y al ser de ámbito nacional el daño mortal ocasionado a estos enfermos, es el propio gobierno del Estado junto con su presidente los que deben ser juzgados, dado que la desidia demostrada era consecuencia de los recortes sanitarios aplicados por este gobierno.

    En cuanto a la calificación del delito como homicidio temerario (por imprudencia) yo persisto en calificarlo como genocidio por reunir los requisitos exigidos por la RAE que lo define como "exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”, ya que los afectados son identificables como grupo y el daño ocasionado se debe a una aplicación continuada (sistemática) de su política económica genocida. En cuanto a los motivos tipificados en la anterior definición, más grave que “la raza, etnia, religión…” y tan identificable y concreto como ellos es su pertenencia a la clase económico-social más necesitada.