jueves, 5 de noviembre de 2015

1100 (J 5/11/15) Desobediencia civil

      Se trata de violar la ley cuando lo exija un derecho superior. Hay leyes injustas que no sólo pueden ser violadas sino que tenemos la obligación de infringirlas. El problema será quién o cómo se declara un derecho superior a la ley que hay que transgredir. Pongamos tres ejemplos y un abanico de otros muchos más: Antígona, la cobertura sanitaria y el soberanismo catalán. Como abanico, la política gubernamental.
       Como puede verse en la entrada nº 613 de 3/3/13 de este blog, Antígona (*) era hermana de Eteocles y Polinices, que habían acordado ante el lecho de su padre, el moribundo rey de Tebas, Edipo, que ambos dos habrían de gobernar la ciudad en periodos sucesivos. Acabado el tiempo de reinar del primero, Eteocles se niega a ceder la corona a su hermano quien, aliado con el rey de Argos y cinco Capitanes más, sitia la ciudad. En la batalla que narra el mito de los Siete contra Tebas mueren ambos hermanos y el nuevo rey de Tebas, Creonte, decreta la muerte de quien se atreva a enterrar los cadáveres de los sitiadores que fueron vencidos. Antígona se irroga el derecho de enterrar a su hermano Polinices aunque con ello infrinja la ley de la ciudad y lo ejerce mediante el ritual de echar tierra sobre su cadáver (sit tibi terra levis), siendo luego por ello ejecutada. La historia ha hecho justicia ensalzando la figura de Antígona como ejemplo de una legítima desobediencia civil. (Que normalmente conlleva un castigo legal.)
Antígona comparece ante Creonte
Un ejemplo contrario lo constituye el empecinamiento de los soberanistas catalanes que quieren desobedecer incluso a la Constitución legal vigente con tal de conseguir su (des-)propósito de independencia, con el pretexto de declarar legítimo su derecho a separarse de la España actual. Y se atreven a apoyarse en la histórica desobediencia debida de los pueblos que, al independizarse, tienen que violar la ley de la metrópoli colonial. Quién les da ese derecho? el pueblo catalán, lo que sería discutible incluso en el caso de que hubieran recibido su mandato por mayoría obtenida en un plebiscito, lo cual no se da. (Si bien es verdad que ahora no pretenden la independencia sino el ejercicio del derecho a votar en un referéndum sobre esta cuestión, en lo cual cuentan con mi apoyo total. Espero que el TC no prohíba la votación de la independencia.)
Carmen Montón, Consejera de Sanidad
de la Generalitat Valenciana
      Un caso intermedio, pero casi tan claro como el de Antígona, es la cobertura sanitaria a todos los que acudan a ella, como ha decretado la Comunidad valenciana y piensa ejecutar a pesar del dictamen contrario del Tribunal Constitucional. El derecho que ampara esta desobediencia legítima y debida es la razón humanitaria protegida por el deontológico juramento hipocrático de los galenos que les “obliga” a violar, en estos casos, la ley de la ciudad. A Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria…, se les añade ahora Valencia ignorando al Tribunal Constitucional, institución que, al ser manipulada por el gobierno del PP, ya no respetan las CC.AA. porque antes se ha perdido el respeto a sí mismo.
       Pero lo más curioso de este tema, y que es lo que justifica que lo traigamos a colación ahora aquí, es ver cómo la mayoría de las actuaciones importantes de este Gobierno no sólo piden a gritos ser desobedecidas sino que instan a los ciudadanos a comportarse en contra de sus leyes si no quieren perder su dignidad. Hasta el mismo conflicto catalán ha sido inducido por la actuación de este Gobierno que maneja las instituciones públicas como instrumento de su partido y no en aras del interés general, desde el Consejo Superior Judicial hasta la Cámara de Cuentas, pasando por la Fiscalía o la Agencia Tributaria, por sólo poner unos ejemplos. Véase, si no, el caso catalán. Por no hablar de la política económica, austérica y criminal; o la ley de Educación; o la reforma laboral; o la ley “Mordaza”…, aunque mejor no seguimos porque más que de leyes puntuales se trata de una actitud holística, global, que humilla y degrada al ciudadano con carácter general. Por lo que desobedecer a este Gobierno y sus leyes es más que un derecho, es una obligación.
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