Privados de asistencia legal, no atendidos
a pesar de sus derechos asistenciales, son una a una 75.000 personas (o más) a
quienes en estos tres años han desprovisto del asistente social que los atendía,
justo meses, días, horas, antes de que murieran desatendidos, o que no han llegado
a proveerles del asistente social al que tenían derecho, muchos incluso con la
resolución aprobada meses antes pero que no han llegado a realizarse por no dotar
las partidas de los fondos necesarios. Aunque sea por pasiva, es o no es esto
un genocidio colectivo!!!? Qué respeto pueden merecernos quienes por su
silencio son causantes directos o indirectos de estas muertes desatendidas, que para ellos
no son sino números, números que reducen el de los parados. Estos ya no pueden
emigrar, ni volverán a registrarse como desempleados. Por respeto a ellos, los
fallecidos, y a nosotros mismos (lo que no nos impide despreciar a este
gobierno), nos inhibimos de todo tipo de comentarios.
R.I.P.
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