El año que viene la UNESCO tiene que revisar la calificación de la
Mezquita de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Dado que una reforma inconstitucional
perpetrada por Aznar permitió a la Iglesia Católica registrarla a su nombre como
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, nombre éste que incluso figura en las entradas
que cobran a los turistas y no declaran ni siquiera como donativos, corremos
todos el riesgo de que la identifiquen como tal, Catedral, en lugar de como Mezquita, paradigma universal del
respeto a la diferencia, que es lo que siempre fue y como todos la llamamos.
El texto que sigue no
es mío, sino de Antonio Rodríguez Ramos, dr. en Dcho. y profesor de Derecho Civil
en la Universidad de Córdoba:
Sombras en la Mezquita de Córdoba, Un paradigma en
peligro, y dice como sigue:
La Mezquita de Córdoba no es un palimpsesto de culturas y religiones,
como pretende hacernos creer la jerarquía católica que la posee y explota
turísticamente. No se trata de una mera superposición de capas arqueológicas
que se aplastan y ocultan unas a otras, quedando visible y victoriosa sólo la
última. Todo lo contrario. La Mezquita de Córdoba es un crisol arquitectónico y
artístico que desnuda toda la riqueza espiritual de Andalucía y el ser humano.
Por eso es Patrimonio de la Humanidad y nos pertenece a todos. Un templo
inmemorial que aún no ha perdido la memoria, pero que podría perderla si se
sigue tolerando la apropiación jurídica, económica y simbólica que está
llevando a cabo la jerarquía católica, especialmente a partir de su inscripción
en el Registro de la Propiedad en 2006. La llamaron Santa Iglesia Catedral de
Córdoba. Y desde entonces cometen esta metonimia hasta en las entradas que
cobran y no declaran en concepto de donativos. Ni el Papa se atrevió a cambiar
el nombre al Panteón en Roma, ni el Sultán el de Santa Sofía en Estambul. Si
toda la Mezquita fuera Catedral pasaría a ser el templo más grande de la
cristiandad, superando a la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Su inmatriculación es nula de pleno derecho debido a la
inconstitucionalidad de las normas en la que se ampara (la Iglesia Católica no
es una administración), la carencia de un titulo material para su adquisición
(consagrar no es un modo reconocido en nuestro Derecho), y la imposibilidad
legal de usucapir bienes públicos. En consecuencia, no se le puede exigir a la
Iglesia Católica el IBI por ella, ya que nadie paga por lo que no es suyo.
Dado que el uso principal que se hace de
este monumento es el turístico, el Cabildo que lo explota en régimen de
monopolio, en un ejercicio abusivo y casi policial, como mínimo debería dar
cuentas del dinero que recauda por las entradas. Carece de sentido que exijamos
transparencia económica a la corona, partidos, sindicatos o instituciones
públicas, y no hagamos lo propio con la jerarquía católica que también percibe
dinero de las administraciones públicas, o ingentes cantidades de los
particulares como donativos que podríamos desgravar en nuestro IRPF. Si el año
pasado se calcula que ganó unos 11 millones de euros con las entradas a la
Mezquita, tendría que haber ingresado a las arcas públicas cerca de tres
millones en concepto de impuestos.
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