El Secretario portavoz del Gremio de Falsificadores de Billetes de Curso Legal (GFaBiCuL, COSA SUYA) nos informa de que están organizando manifestaciones en varias capitales de provincia para protestar contra la imparable evanescencia del uso del billete de papel con motivo del abuso indiscriminado de las tarjetas de pago en el consumo.
En las pancartas se repetirán eslogans relativos a la Primera Enmienda de
la Constitución norteamericana sobre la Libertad de Expresión, universalmente reconocida.
Un estudio de
expertos del barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla calcula que por cada
diez millones de pagos con tarjeta se produce un paro de un 1,17% entre los miembros de este
colectivo que deja sin sustento a sus familias. Y propone un Fondo de
Compensación con recursos públicos para comprarles, a precio de mercado, las
obras de arte que muchos, a su pesar, se verán obligados a producir.
Berna González Harbour lo ve claro:
El PP de Andalucía está imitando a la perfección el estilo que
adoptaron los independentistas catalanes en 2017 y que consiste en: Primero, legislo. Invadiendo competencias del
Estado, pisoteando normas españolas y sentencias europeas. Segundo, invito a
hablar. Culpando además a Madrid de no querer plegarse a su voluntad. Y
tercero, voy a Bruselas a quejarme de todo y a difamar a la propia UE.
Pillado in fraganti,
el Gobierno andaluz y el propio Núñez Feijóo reculan ahora con la misma excusa
que usaban los independentistas catalanes en sus fases más duras: ¡si nosotros
solo queremos hablar!, ¡queremos negociar, pero ellos no quieren! Y ciertamente
el Gobierno español, como la Comisión Europea, no están en posición de permitir
más regadíos, de aumentar el agua trasvasada para ellos ni de hacer nada que no
sea cerrar los pozos existentes en cumplimiento de una sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE. Todo ello aderezado con un tufo nacionalista para que
nadie les toque Andalucía. Por Dios.
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