Los fiscales
en su nombramiento juran, o al menos eso imagino yo, que cumplirán con su
función de vigilar que se apliquen las leyes vigentes. Si hicieran lo contrario,
prevaricarían. Pues bien, a un grupo de algunos de ellos, conservadores, más de
50(*), justamente de eso los acusan los medios y algunos miembros del gobierno:
de haber compadreado con el jefe de la oposición para, que si ésta ganara las próximas
elecciones generales, se deroguen ciertas leyes vigentes, las que chocan con la
ideología del Partido Popular: vga., eutanasia, reforma laboral, y otras varias
más. Leyes que si están vigentes ahora, aprobadas por el Congreso, tienen que ser
aplicadas y defendidas por los actuales fiscales, todos, independientemente de
su ideología. Y los que no lo hicieran así, PREVARICARÍAN. Y si prevaricaran,
si delinquieran, deberían ser procesados, pero ya.
Procede, pues, incoar un expediente
para investigar si la información de la que nos estamos haciendo eco, es
realmente tal como nos la han hecho llegar. Y si así fuera, el grupo de
fiscales que hubiera pactado con la oposición la eventual derogación de las
leyes mencionadas, deberían ser expulsados de sus puestos de inmediato, toda
vez que, en tal caso, estarían faltando a su juramento de defender, proteger y
aplicar, las leyes vigentes.
Ya con fecha del miércoles 24/2/22012, entrada 224, reiterada en la nº 1605 del 25/5/2018, denunciamos la conducta de
los magistrados del T.S. por condenar al juez Garzón, que sólo estaba cumpliendo
con su deber de investigar un caso de corrupción, el llamado Gürtel, que, oh casualidad!
atañía al mismo partido de la oposición. Por supuesto que se me prestó la
debida atención: ninguna. Sospecho que ahora será igual. El Ministerio Fiscal al servicio de la derecha conservadora... Es (el control de)
la justicia, estúpidos!
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(*) Entre
ellos Cristina Dexeus, decana de los fiscales en Barcelona; Consuelo Madrigal, ex-fiscal
general del Estado con el PP, y Antonio Narváez, encargado en la actualidad de
informar sobre los recursos que se presentan contra el Gobierno en la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Supremo, quien alertó sobre los peligros de la
futura ley de vivienda, de la ley trans, de presuntos pactos con los “filoetarras” de Bildu y
hasta lanzó sospechas sobre la limpieza del proceso electoral del que se encarga la empresa Indra.
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