La tribu
de los sentineleses sacrificó al misionero estadounidense John A. Chau, de 26
años, por querer convertirlos a su fe. Esto aconteció el pasado 17 de
noviembre. Nueve meses después sigue sin recuperarse su cuerpo. Se trata de un caso de antropología jurídica.
Ya le habían advertido anteriormente de
lo que podía ocurrirle si insistía en adoctrinarlos. Y en prueba de que iban en
serio ya habían avisado de que no admitían visitas de extraños en su isla sacrificando a
dos pescadores ajenos a las isla en el año 2006.
La isla india de Sentinel, hábitat de
esta tribu preneolítica (72 km2 para unos 200 cazadores recolectores), forma
parte del archipiélago Andamán y Nicobar, en el océano Indico, al sudeste de
la India y sudoeste de China. Las autoridades indias quieren abrirla al turismo
a lo cual los nativos se oponen rotundamente. En defensa de los nativos puede
añadirse que han sufrido experiencias en contagios de enfermedades y secuestros
coloniales.
Opino
con el antropólogo K. Mukhopadhyay que “no se les puede aplicar una jurisprudencia
que le es ajena a la tribu porque todo sistema legislativo se basa en la
cultura de la comunidad de que se trate”. Los nativos tienen sus propias
costumbres para dirimir sus problemas.
Y la pregunta es: ¿se trata de un
homicidio? ¿es aplicable la legislación penal india? ¿qué tribunal es
competente para juzgarlo (y sentenciarlo)? Yo, evitando pronunciarme al comienzo
de este texto, he utilizado el término “sacrificio” que engloba la muerte tanto
civil como religiosa, por si su muerte hubiera acontecido en un marco ritual.
Sin entrar en detalles como la defensa
propia, allanamiento de morada, etc., como jurista y antropólogo digo: que en
materia penal es unánime la doctrina y práctica judicial que considera competentes
los tribunales del lugar donde ha ocurrido el hecho “penal” y que así mismo la
ley aplicable sea la del mismo lugar, independientemente de la nacionalidad del
fallecido. La legislación occidental admite las costumbres del lugar como
fuente del derecho aplicable en ausencia de un texto legal que lo regule. O sea que según nuestras
leyes sólo a ellos les compete decidir sobre si el hecho acontecido estaba justificado
o si debe ser juzgado (o resuelto según marquen sus costumbres).
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