Los partidos políticos mienten siempre y en todo cuanto hablan, incluso cuando dicen la verdad. No es fácil identificar cuál es de entre todas la mayor de las mentiras, pero a mí no deja de sorprenderme la que más, y sin venir a cuento, repiten cada día: que ellos no buscan el interés de su partido sino el de todos los españoles, cuando la realidad pura y dura es que el interés general les importa un pimiento a no ser que coincida con el de su partido. A este respecto coincido con la editorial del diario El País de 30 de abril pasado que me animo a rescatar.
El castigo del
electorado al PP por reeditar los modos y el ideario del ex-presidente Aznar en 1993
ha sido severo y compromete la continuidad de Pablo Casado. La censura
electoral contra la regresión aplicada por Casado ha resultado aún más
contundente por su huida hacia delante en el tratamiento de la corrupción. En
contra de lo que imaginaba la actual dirección popular, sus votantes no eran
inmunes a unas prácticas condenadas en los tribunales y por las que el partido
fue desalojado del Gobierno.
El número de escaños
obtenido por Ciudadanos ha quedado lejos de sobrepasar a un PP en sus horas más
bajas, y debería obligarles a reconsiderar la idoneidad de las opciones propuestas
por su líder, Albert Rivera. En lugar de ello, Rivera y el núcleo de sus
dirigentes afines han pretendido ocultar detrás del aumento de los apoyos,
importante pero limitado, la evidencia de haber conducido a la formación hasta
un callejón sin salida, que amenazan con
trasladar ahora al conjunto del sistema. Porque es a éste, y no sólo a sí mismos
ni al partido socialista, a quien Ciudadanos debe cualquier contribución a la
gobernabilidad con la esperanza de obtener en la siguiente legislatura lo
que los electores le han negado: el liderazgo de la oposición parlamentaria.
Por profunda que sea
la crisis en la que el incierto futuro de Casado acabe sumiendo al PP como
segunda fuerza parlamentaria, el interrogante del que no puede zafarse
Ciudadanos es si los resultados obtenidos merecían su viaje hasta posiciones
coincidentes en algunas materias con las de la ultraderecha, expresadas,
además, mediante idéntica retórica de emergencia nacional y encarnizada
descalificación de la totalidad de sus adversarios. La perspectiva de una nueva legislatura de crispación tal vez
reporte beneficios electorales para Ciudadanos en el futuro, pero es un coste
que, hoy, nadie debería seguir exigiendo al país.
Pablo Iglesias ha
abrazado las posiciones de la socialdemocracia, pasando de reclamar un proceso
constituyente a exigir el riguroso cumplimiento de la Constitución de 1978. (La
socialdemocracia estaba en el ADN de Podemos tanto como Vox estuvo siempre latente
dentro del PP, esta afirmación es mía.) Su evolución en materia social no ha
alcanzado, sin embargo, a sus posiciones en materia territorial, donde sigue
defendiendo salidas de imposible encaje constitucional. Como en el caso de
Ciudadanos, las responsabilidades que contrae Iglesias en este último punto exceden a su propio partido, por cuanto
su defensa de un referéndum contribuye a fijar implícitamente un límite en el
viaje de ERC desde el unilateralismo que ha sentado a sus líderes en el
banquillo hacia posiciones más pragmáticas, derrotando en las urnas el
mesianismo del expresidente huido, Carles Puigdemont. El punto de llegada en
ese recorrido no puede consistir en abandonar un unilateralismo suicida a
cambio de exigir un referéndum imposible, entre otras razones porque la reforma
constitucional que abriera las puertas a su celebración es cuestión de mayorías
de las que el independentismo no dispone y de procedimientos que hasta ahora
siempre ha despreciado.
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