
Que el precio no sea sino el efecto de la conjunción de la oferta y la demanda, como el
hecho de que una manzana lanzada al aire vuelva a caer al suelo por la fuerza
de la gravedad, son algo que no puede derogarse por una ley publicada en el
Boletín Oficial. Si queremos incidir en el precio tendremos que hacerlo
interviniendo en la oferta o en la demanda, pero el precio siempre será un
efecto matemático sin ningún valor moral.
En una compraventa el vendedor intentará
cobrar el mayor precio posible, mientras que el comprador querrá pagar lo
mínimo que pueda. Si la brecha no es insalvable el vendedor bajará el precio y
el comprador se mostrará (o no) dispuesto a subirlo, hasta que lleguen a punto
en el que confluyan los intereses de los dos. Ese punto es el precio, el “precio
de mercado”, que no tiene la culpa de ser mayor o menor, y mucho menos que
pueda ser calificado de justo o injusto. Los regateos en los zocos árabes son
un magnífico ejemplo de lo que estamos hablando.
Hay excepciones, por supuesto. Es el
caso, por ejemplo, de las materias de primera necesidad que el comprador necesita
cualquiera que sea el precio que se le pida. (Y ahí se justifica el precio
impuesto, el precio “político”). Pero como regla general el vendedor que “sube”
un precio lo hará mediante una reducción (a veces artificial, y ésa es otra
aberración) de la oferta ante una demanda que no encuentre otro producto
alternativo. El principio expuesto anteriormente se aplica, pues, con carácter
general.

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P/S.: En España la población que habita fincas de alquiler no pasa del 23% contra el 48 de Alemania o el 45 de Austria. El precio medio de un piso de una habitación sin amueblar en Madrid es de 890 €, igual que en Lisboa, contra los 770 de Bruselas y los 930 de Roma, 960 de Berlín, 980 de Viena, 1.150 de París o los 1.750 de Londres. Los interesados en conocer el sistema de alquileres en Roma, Londres, París, Berlín, Viena, Lisboa y Bruselas, pueden clicar aquí para leer un reportaje de Bernardo de Miguel et alii sobre "la (oferta de) vivienda pública como medida para limitar los precios de los alquileres".
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