Poco hay tan aburrido como los
presupuestos, un debate sobre ellos, o la ley anual presupuestaria. Y sin
embargo en pocas leyes se manifiesta la democracia con tanta fuerza y claridad
como en las leyes que delimitan los fondos que el gobierno destina cada año al
gasto público. Nada mejor que las prioridades en los gastos para indicarnos la
política que siguen los gobiernos.
Pensemos que la política redistributiva fue el origen del Estado. Las
aportaciones de los miembros de un colectivo para su posterior reparto entre
todos los que lo componen, permitió la división del trabajo, la financiación de
obras públicas (canalizaciones fluviales, edificaciones monumentales para
funciones sociales, políticas o astronómicas,,,) y la redistribución de la
riqueza así como el acceso individual y control del poder en la política. Los
presupuestos anuales hacen posible el control del poder político cuyas
propuestas e intenciones no se podrían materializar sin los recursos
financieros necesarios.
Pero la mentira sistémica llega hasta algo tan frío como los mismos
presupuestos. Fijaos:
Un modo de encriptar unos gastos (militares o de la Casa Real, por
ejemplo) consiste en repartirlos entre distintos Ministerios, lo que los vuelve
opacos para poder calcularlos, incluso identificarlos. Un ejemplo lo tenemos en
la financiación de partidos políticos que se disimula como donaciones a
fundaciones políticas con cargo a fondos de cooperación internacional (!)
Otras desviaciones de las cantidades aprobadas en el Parlamento se
realizan mediante “modificaciones presupuestarias” entre partidas contables que
no son excepcionales y justificadas sino continuas y rutinarias (más de una por
semana en cada Departamento). Con lo cual lo que se gaste al final tiene poco
que ver con lo que fue aprobado en la ley presupuestaria.
Por si todo esto fuera poco, las cantidades aprobadas en el texto
original no llegan a ejecutarse en porcentajes inadmisibles, lo que desvirtúa
la intención que tuvo el legislador cuando se aprobaron.
Y para más INRI, en vista de que el presupuesto es más un coladero que
un instrumento de control, se utilizan las disposiciones transitorias de cada
ley anual presupuestaria para meter de rondón modificaciones de las leyes más
diversas que pasan desapercibidas, burlando así el control al que se habrían
sometido en una tramitación normal parlamentaria.
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