El asesinato
de Belén Cortés, auxiliar técnica educativa, de 35 años, a manos de tres
menores, se ejecutó cuando ella estaba sola al cuidado de los chicos “calificados
como muy agresivos”. El servicio contaba con un trabajador por turno, con
evidente escasez de personal. La ratio de educadores/menores no se suele respetar,
aunque esté estipulada. Las bajas no se cubren en demasiados casos. Cada
empresa gestiona los centros, los convenios y los protocolos a su manera.
Los tres
detenidos, una menor, de 17 años, Juan de 15 y Pedro de 14, eran para algunos “balas
perdidas”. El más pequeño estaba recluido y acusado de haber pegado una paliza
a su padre tras un divorcio conflictivo.
“¿Belén era educadora
o era trabajadora? Belén estaba sola. Y otros compañeros suyos seguirán solos.
No conozco la historia de Belén ni la de esos chicos. Lo que sí sé es que la
dejaron sola”, escribe Ana Serrano, de Cabeza de Buey (Badajoz), en una carta a
la directora de un periódico.
La falta de
uniformidad en los términos que conciernen a los centros de acogida para la
reforma y o protección de los menores, que confunde incluso a los jueces,
reclama una atención legal inmediata. La ley LOPIVI (Ley Orgánica de
4 de junio 2021, Ley Integral de
Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) es la única de ámbito nacional, aparte de la
ley orgánica LORPM, que regula la responsabilidad penal de los menores,
entre los 14 y los 18 años, aplicándose después un maremágnum de disposiciones
locales, cada una diferente según las distintas Comunidades Autónomas. La
POLIVI (Ley del Menor) no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de
los centros, ni las condiciones laborales de sus empleados, ni su grado de
seguridad, que quedan al arbitrio de las CC.AA.
En general, hay
centros para la protección de menores y otros para su reforma
(antiguos reformatorios), ambos con tres posibles sistemas: abiertos,
semiabiertos y cerrados. El piso donde trabajaba Belén era un “hogar de inserción
sociolaboral” para menores que cumplen programas de convivencia en grupo por
decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme. Son los
menores con delitos cometidos dentro del ámbito familiar los que suelen ser
derivados a este tipo de centros.
Urge:
- evitar las externalizaciones, cuyo criterio de rentabilidad
económica choca de plano contra el que debería ser el objetivo social de su
trabajo. (Este principio no es sino el de las externalizaciones en materia de
salud y educación)
- unificar, aunque sea de mínimos, los pliegos de condiciones al adjudicar los centros a empresas externalizadas, si es que éstas son inevitables, o al menos aconsejables;
- homologar las auditorías periódicas (mensuales?) a fin de
facilitar su control y fiscalización;
- dotar a los centros de personal cualificado en número adecuado;
-
reforzar el tema de la seguridad;
- amén de otras medidas que se consideren convenientes. Como por ejemplo, en el campo laboral de los educadores sociales,
la falta de personal, su precariedad, sus horas interminables, su riesgo diario
(violencia y amenazas incluidas), su seguridad insuficiente...
Victoria
Salinas, educadora social en Valladolid donde acaba de dimitir de su puesto laboral
después de 7 años de trabajo (no podía más), exige una reforma integral de las condiciones
laborales y en una semana ha conseguido más de cien mil firmas.
En cuanto a los menas (menores extranjeros
no acompañados) hay más de 15.000 en España, la mayoría en centros de acogida
externalizados, contratados por las administraciones autonómicas. De esos 15.000
más de 10.000 son marroquíes (70%) y menos de 1.000 son mujeres (6%). Su tutela
por nuestras autoridades públicas se debe a que carecen de adultos de
referencia en el país. Se consideran menores hasta los 18 años.
Su distribución por
CC.AA es de más de 6.500 en Canarias unos 2.500 en Cataluña, no llega a 800 en
Andalucía, más de 700 en Euskadi, cerca de 500 en Valencia, en Baleares 300, y
otros tantos en Ceuta y Melilla. La sobresaturación en Canarias, Ceuta y
Melilla sólo ha servido para mostrar la falta de solidaridad de las demás Comunidades que, en su mayoría, se han negado a la propuesta del
Gobierno de imponer un reparto equitativo.
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