Los jueces anticorrupción, demorando los
procesos que se eternizan entre recursos, refuerzan a los corruptos que
comprueban así que nunca les pasará nada por un quítame allá esas pajas de unos
cuantos miles de milloncejos que han trincado de fondos públicos mediante
cohechos, información privilegiada, falsificaciones de documentos, evasión de
impuestos…, nada que no sea propio de cualquier empresario que se precie de
tal. Unos castigos drásticos, urgentes, ejemplarizantes, metería a todos los
empresarios por el carril de la decencia en el tratamiento de los fondos
públicos. Pero la práctica actual que comprobamos cada día, de ralentizaciones,
intervención de los fiscales como si fueran abogados defensores de los
prevaricadores, penas mínimas, carpetazo por plazos de prescripción, y en
último extremo indultos, les provocan euforias y entusiasmos que animan al más
pintado a imitarles si no quieren quedarse atrás. Les basta comprobar que en
ningún caso, ni uno, los delincuentes han devuelto ni un duro, ni uno, de los
miles de millones que han robado. Con lo cual el delito deviene en hazaña, el
delincuente héroe, la aceptación “social” aclamada, y al que no siga esta senda
se le queda una cara de gilipollas que no te quiero contar.
Una sentencia demorada es tan injusta o
más que una sentencia simplemente injusta. Nuestro sistema de justicia no es
malo: es peor. Porque, entre otras cosas, nunca es buena si la dicha es tarde.
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